Bolivia registra más de un centenar de casos en la CIDH por presuntas vulneraciones de derechos

La Fiscalía General del Estado informó que la cartera de Bolivia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos suma 119 casos de presuntas violaciones que se encuentran en diferentes etapas del proceso.

De esa cifra, 108 corresponden a casos que se encuentran en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayoría (72) se encuentran en la etapa de admisibilidad, mientras que 25 pasaron a la etapa de fondo y el resto se encuentran en medidas cautelares o en solución amistosa.

El abogado César Siles explicó que la intención del Estado es que se acumulen casos similares, de los cuales se han identificado 48 para priorizarlos.

Por ejemplo, existen 17 peticiones de ex jueces temporales, quienes demandaron al Estado por su destitución, la cual fue resuelta bajo el argumento de que son temporales.

Asimismo, dentro de la cartera boliviana hay siete casos de personas que fueron procesadas en el caso terrorismo-separatismo, pero que ahora denuncian la violación de sus derechos ante el Sistema Interamericano.

Siles explicó que uno de esos siete casos ya cuenta con informe de fondo y podría pasar a la Corte Interamericana, mientras que los otros seis están en la CIDH.

También hay cuatro casos de presuntas violaciones de derechos en la crisis de 2019, además de cuatro sobre reelección indefinida.

El abogado explicó que los casos sobre reelección indefinida cuestionan la sentencia 084/2017, que habilitó esta figura. Sin embargo, la posición del Estado boliviano será dar el asunto como resuelto con la sentencia 1010/2023, que en su considerando indica que la presidencia no podrá ejercerse más de dos veces, de forma continua o discontinua.

Remedios

Siles reiteró que, debido a otros casos con sentencia o solución amistosa, el Estado ha tenido que pagar indemnizaciones por casi tres millones de dólares por violaciones a los derechos humanos.

Reiteró la necesidad de que la Asamblea apruebe la ley de repetición, para que ese monto pueda ser cobrado a los responsables de las violaciones de derechos.

Fuente: Erbol