En 2023, 91% de las vulneraciones a la libertad de reunión y protesta fueron perpetradas por la Policía

UNITAS

Durante 2023, la Policía fue el principal violador de la libertad de reunión y protesta, con el 91% de las violaciones cometidas entre los 68 casos registrados por el Observatorio de Defensores de Derechos Humanos de la Unión Nacional de Instituciones de Trabajo de Acción Social (UNITAS).

Según los datos, fueron 68 casos de violaciones a la libertad de reunión y al derecho de protesta ocurridos durante 2023, de los cuales 41 casos (60%) corresponden a personas heridas en protestas, 11 (16%) a represión de una protesta , cinco (7%) al incumplimiento del deber de protección, tres (4%) a impedimentos a la protesta, entre otros.

“El 91% de las violaciones a la libertad de reunión pacífica y al derecho de protesta (62 casos) fueron cometidas por acción directa u omisión de agentes policiales”, destaca el informe, que señala que el 75% de las violaciones a la libertad de reunión y protesta involucraron el uso excesivo de la fuerza pública, que dejó decenas de heridos y un muerto en las manifestaciones por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en enero de 2023.

En cuanto a los heridos destacan los casos de Jesús Berem Echalar (01/03/23), quien resultó herido por un proyectil en el rostro lanzado por policías durante los enfrentamientos en Santa Cruz; o los 32 heridos producto de la represión policial a docentes urbanos, cuando protestaban en la ciudad de La Paz contra el nuevo plan curricular (22/03/23). Los días 10 y 12 de abril, otras siete personas resultaron heridas en repetidas jornadas de protesta de los docentes.

Pero los heridos en las protestas no sólo corresponden a casos de acción directa de la Policía, sino también en otros episodios donde se evidencia la omisión de su trabajo, según el informe. Uno de estos casos es el del diputado Miguel Roca (CC), quien resultó herido tras un enfrentamiento entre activistas cívicos paceños y grupos de choque del MAS, quienes salieron a las calles a contrarrestar a quienes protestaban exigiendo la libertad de los presos políticos (01/10/ 23).

“Uno de los aspectos más inquietantes de estos conflictos fue la frecuencia, sistematicidad e intensidad con la que se registraron enfrentamientos violentos entre civiles instigados por grupos de choque con la intención de desacreditar y desmovilizar a personas y organizaciones que protestaban. Sin embargo, esta característica no es exclusiva de esta categoría de infracción; La normalización del uso de estos grupos se ha generalizado en diversos eventos, evidenciando un ambiente desfavorable para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”, se lee en el Informe de Situación de UNITAS 2023.

Respecto al papel de la Policía en salvaguardar y preservar la seguridad de la población, el informe muestra que hubo casos en los que el Estado incumplió su deber de protección en las protestas. Por ejemplo, cuando líderes cívicos de La Paz convocaron a manifestaciones contra la persecución política y, a raíz de ello, salieron grupos de choque a contrarrestar esas movilizaciones, en una “aparente complicidad” de la Policía con la acción de estos grupos.

“Ante la acción violenta perpetrada por diversos grupos de choque con la clara intención de debilitar las manifestaciones sociales, quedó evidente que la policía no cumplió con su función constitucional de garantizar la libre expresión de las protestas. En el contexto de las manifestaciones de oposición, el deber de la policía es contener a los manifestantes y prevenir agresiones, sin embargo, los registros muestran cómo ciertos grupos operan con impunidad mientras que otros son reprimidos”, observa UNITAS.

La Policía también impidió el desarrollo de protestas pacíficas en casos específicos. Uno de ellos, cuando líderes del Comité Cívico Potosinista llegaron a la ciudad de La Paz para exigir una ley del litio y mayor transparencia en los contratos con las empresas internacionales que explorarán este recurso. Ante su intento de instalar una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa por esta causa, la Policía sacó a la fuerza de esas instalaciones a la presidenta de Comcipo, Roxana Graz, y a otros representantes (03/08/23).

Otro hecho ocurrió el 23 de marzo de 2023, cuando el activista de la plataforma Otra Bolivia es Posible, Iván Melendres, fue detenido por policías bolivianos en medio de un desfile por el Día del Mar en la ciudad de La Paz, porque Llevaba carteles que recordaban la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el acceso al mar.

El pasado martes en la ciudad de La Paz se presentó el Informe de Coyuntura 2023 del Observatorio de Defensores de Derechos Humanos de UNITAS, una herramienta que visibiliza el estado de las libertades fundamentales, las instituciones democráticas y el derecho a defender derechos en Bolivia, cuyo propósito es la exigibilidad de los derechos.

Fuente: Erbol | Seguridad